Panamá considera injusta propuesta europea de incluirla en lista de alto riesgo

El Gobierno de Panamá rechazó la propuesta de la Comisión de Europea (CE) de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.

La decisión de la CE, que deberá ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo dentro de un periodo de un mes prorrogable, fue rechazada el miércoles por el gobierno panameño, que subrayó que continuará los esfuerzos para entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.

“Así, el país reitera el llamado a establecer un diálogo franco y continuo, que valore el compromiso y dedicación de Panamá en la adecuación de su legislación y plataforma financiera, para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos”.

Por su parte el el superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, calificó de "injusta" la propuesta  CE.

Fernández dijo que el reporte europeo "no hace justicia sobre los avances" logrados por Panamá, que en los últimos años ha modificado su marco legal.

El funcionario hizo un llamado a establecer un diálogo franco y continuo, que valore el compromiso y dedicación de Panamá en la adecuación de su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos.

Fernández, quien abordó el tema en el marco del Congreso Bancario Internacional celebrado  la capital panameña y organizado por la superintendencia de Bancos de Panamá, aseguró que en los poco menos de cuatro años que lleva en la superintendencia ha habido una lucha interinstitucional y de los sectores público y privado.

Dijo que se ha logrado con ese esfuerzo un marco legal totalmente nuevo y robusto, en línea con los nuevos estándares internacionales, siguiendo consideraciones en materia de prevención del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Expuso que en Panamá el tema del beneficiario final (identificación del dueño de una cuenta o una sociedad) "era un cuco" (que atemorizaba tratar), no obstante ahora es obligatorio.

Fernández agregó que hay mayor transparencia en muchos aspectos, ya que existen 14 regulaciones nuevas en línea con el GAFI en materia de prevención, además de que se ha fortalecido la Unidad de Análisis Financiero y se han creado entidades para trabajar en la lucha contra el lavado de dinero, incluida una comisión contra el blanqueo de capitales.

El funcionario resaltó que el país mantiene políticas para subir el estándar en esta lucha, y recordó que Panamá estuvo en la lista gris del GAFI por año y medio, de la cual logró salir gracias a los esfuerzos que hizo en su legislación.

Consideró que el reto de Panamá ahora es mostrar efectividad respecto a los cambios que se hicieron.

Agregó que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha realizado más de 150 inspecciones o auditorías, de acuerdo con el nuevo marco legal, en tanto que la fuerza laboral se ha incrementado en más del 300 por ciento y se han dado más de 8.000 horas de entrenamiento a su personal.

Fernández comentó que en la SBP es obligatoria una certificación para homologar conocimientos.

"Los resultados los estamos viendo en los bancos, con equipos mejor entrenados y mucho mejores controles", subrayó.

El superintendente apuntó que el cambio que ha hecho Panamá es reconocido por los bancos corresponsales, los reguladores, las calificadoras de riesgo, y por el Fondo Monetario Internacional en una reciente reunión que los representantes del organismo sostuvieron con él.

La cancillería declaró también que en tanto se logre entablar este canal de comunicación el Gobierno panameño llamará a consultas al Representante de Panamá ante la Unión Europea, Embajador Miguel Verzbolovskis, y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales.

“Pese a ingentes esfuerzos desde su Embajada y Representación ante la Unión Europea en Bruselas y visitas oficiales de altas autoridades, Panamá no le fue dada la oportunidad de informar o responder sobre las acciones tomadas en legislación y práctica, para atender cualquier deficiencia percibida por la Comisión”, señala el comunicado de la cancillería.