“Pensiones amarillas” golpean a entidades y financieras de crédito

Entidades financieras y de crédito en Panamá se están viendo afectadas por un fraude conocido como “pensiones amarillas”, que consiste en solicitar voluntariamente el pago de pensiones de alimentos para no asumir la deuda adquirida con las entidades de crédito, aprovechándose de que las pensiones tienen preferencia sobre cualquier otro tipo de descuento.

Medios panameños reportaron que el tema de las pensiones amarillas, al parecer es más grave de los muchos piensan e incluso para algunos especialistas, “está fuera de control” y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los empresarios dueños de mueblerías e instituciones financieras.

En Panamá esta no es una práctica nueva, pero al parecer se ha incrementado en los últimos cuatro años, pese a que es una actividad ilícita que conlleva entre cuatro y ocho años de cárcel.

El gerente general de la Asociación Nacional de Mueblerías e Instituciones de Crédito, Miguel Ángel Caballero, dijo que han realizado esfuerzos para tratar de reducir esta práctica, pero hasta el momento los mismos han resultado infructuosos.

Explicó que es algo que se ha tornado muy común y la gente utiliza eso, porque al tener un descuento directo, la pensión alimenticia tiene preponderancia sobre otros descuentos y así evaden cumplir con sus compromisos.

En opinión de Caballero está situación ha proliferado, debido a la supuesta complicidad de algunas autoridades.

Las pensiones alimenticias son concedidas por los corregidores y los jueces municipales, pero Caballero considera que debieran ser otorgadas por los juzgados de familia para “evitar estos desmanes”.

Aunque en Panamá no hay cifras de las pérdidas que esta práctica está generando, la  misma se realiza a todos los niveles. Caballero señaló que funcionarios de entidades como la Contraloría y la Autoridad de Canal de Panamá (ACP) presentan una alta incidencia.

Aunque aclaró que la situación no es responsabilidad de las instituciones,  sino de las autoridades que conceden las pensiones  sin mayores previsiones legales.

En el caso de la ACP,  el reglamento de ética y conducta destacan la obligatoriedad de  su Junta Directiva y colaboradores de respetar la Constitución, leyes de la República de Panamá, principios éticos y normas de conducta; así como comportarse bajo normas morales y legales que eviten conductas que perjudiquen la imagen de la entidad.

Ya hay organizaciones de empresas de intermediación financiera que han   expresado que las pérdidas son  millonarias, por lo que tomarán acciones penales  contra los que resulten involucrados.

El dirigente dijo que “es una tendencia a nivel general, donde la gente, al parecer, ya le agarró el truco”.

El abogado Víctor Almengor, le dijo al semanario Capital Financiero, que se trata de un delito  grave contra el orden económico nacional, que conlleva pena de presión de entre cuatro y ocho años.

Sin embargo, dijo que no es una situación nueva y que fueron las propias mueblerías quienes introdujeron este sistema, pero ahora la situación se ha volteado.

Y es que cuando las personas que no tenían acceso a los bancos necesitaban dinero, acudían a  algunas mueblerías y solicitaban un préstamos y éstas en común acuerdo con el prestatario  fijaban una pensión de alimento a favor de uno de los familiares del propietario de la mueblería, sin que existiese algún tipo de relación familiar.

Almengor detalló que a partir de allí se fue deteriorando este tipo de situación, pero ahora lo que está ocurriendo es que muchas personas solicitan un préstamo al banco y para rehuir esa obligación  solicitan voluntariamente el pago de  una pensión de alimento.

En el caso de las pensiones alimenticias las leyes permite un descuento de hasta el 50% del salario, lo que no deja margen para los descuentos de los préstamos adquiridos.

Para solicitar el descuento para el pago de una pensión sólo se necesita llevar un certificado que justifique la relación y normalmente, en estos casos, ponen a las madres como  las beneficiarias.

En opinión de Almengor en algunos casos, aunque no en todos,  hay complicidad de los corregidores, porque éstos desconocen que previamente hayan solicitado algún préstamo.

“Está fuera de control, porque si tu vas a la corregiduría te aceptan  la  pensión de alimento y si eres amigo del alcalde alguien también  le da curso”, señaló.

Tomado de ANPanamá