Aprueban proyecto para endurecer penas por hurto público

En la actualidad, el Código Penal contempla penas de tres a cinco años de prisión por la conducta del hurto cuando se cometa sobre artículos que se destinan a uso de servicio público. No obstante, no existe detención preventiva por este delito, por lo que el Parlamento panameño aprobó en tercer debate una legislación sobre el tema ante la proliferación de personas dedicadas al robo de cables de cobre en casas de metales.

Es por ello, que se debate el Proyecto de Ley 587, que modifica artículos del Código Penal sobre el hurto de bienes de uso público para endurecer las penas de cárcel por este delito.

En la exposición de motivos, se planteó  que las legislaciones penales en el mundo siempre son objeto de constantes cambios o modificaciones, debido a que los comportamientos humanos van variando tanto en el tiempo como en el espacio.

Es innegable que en la República de Panamá se han cometido actos delictivos que se enmarcan dentro de la figura del hurto, específicamente contra los bienes destinados a la prestación de un servicio público o privado de energía eléctrica, agua, telefonía y televisión abierta o cerrada.

En el mundo, los valores de los metales han experimentado un incremento, lo que ha traído la negativa experiencia del perjuicio ocasionado a las empresas que presten los servicios públicos antes enunciados.

Robos de cables de cobre

En común observar a diario hechos delictivos que realizan antisociales que roban cables de cobre y otros artículos de metal para ser vendidos en casas comerciales dedicadas a la compra de estos.

Las autoridades consideran que urge adicionar de manera precisa y taxativa un nuevo numeral al artículo 214 del Código en análisis, para que la pena que se aplicará por parte del juzgador implique la certeza del castigo a sus infractores.

Se trata de que resulte casi imposible que quienes cometan estos ilícitos sean beneficiados con alguna medida cautelar distinta a la detención preventiva. La pena sería aumentada de una sexta parte a la mitad.

El diputado José Muñoz Molina, proponente de este proyecto, indicó que lo que se busca es minimizar este tipo de delito que solo paga actualmente  de tres a cinco años, por lo que no hay detención preventiva, en perjuicio de los miles de panameños que sufren cuando son vandalizados estos servicios públicos.